Incivilidades o imbecilidades. Por Hugo Villar.

Se ha conocido una propuesta del gobierno de Kast para crear un “Registro de Vándalos” y castigar las llamadas “incivilidades”.

Incivilidades, ¡qué palabreja más siútica y snob!

Junto con sumar un castigo a las penas asociadas a delitos, entre ellos cortar calles, realizar grafittis, resistirse a una autoridad (carabineros u otros funcionarios públicos), se agregan otras “conductas de menor gravedad” como “organizar loterías o rifas no autorizadas”, “provocar desórdenes o alterar el orden en espectáculos públicos”.

Luego, se pretende prohibir que los vecinos hagan una rifa o un bingo para costear enfermedades, o para ayudar a vecinos que han sufrido un incendio.

Consecuencias: Incorporar a la persona al “Registro Nacional de Actos vandálicos e Incivilidades”. En el propio proyecto se indica que las conductas que se persiguen acarrearía “consecuencias administrativas”. Eso es la negación de un elemental principio jurídico: aquel que enseña que una conducta no puede ser castigada dos veces como se pretende: penal y administrativamente.

¿Y cuáles serían estas consecuencias administrativas? Un largo listado que afecta derechos sociales, garantías de la libertad individual y derechos políticos, entre ellas:

-        Prohibir el acceso a los subsidios habitacionales y de arrendamiento.

-        Negar becas en la educación superior o de postgrado.

-        Limitar los recursos para la investigación (no es raro, ya que Kast piensa que las publicaciones científicas son bastante inútiles).

-        Negar el acceso a las tarjetas de pasaje escolar y para la tercera edad en el transporte público y del pase cultural.

-        Pérdida de la gratuidad en la educación superior, una conquista hermosa para los jóvenes que no pueden pagar educación privada.

-        Pérdida de la PGU, otro logro para compensar, aunque sea en parte, las pensiones miserables del sistema de las AFP.

-        Prohibición para obtener o renovar licencia de conducir o pasaporte, no vaya a ser que algunos de clase trabajadora tengan su autito o viajen al extranjero de vacaciones.

Adicionalmente, este singular registro será con acceso público, lo que permitirá a los empleadores consultarlo para no contratar trabajadores que estén en esas nóminas.

Son muy creativos para reprimir, para perseguir ciudadanos, para prohibir la legítima protesta. Les sugiero que agreguen a los que evaden o eluden el pago de impuestos; a los que llevan sus ganancias a los paraísos tributarios, ¿cierto, pdte. Kast?; a los que ejecutan colusiones económicas entre empresas del mismo rubro concertadas para fijar sus precios, ¿cierto, ministro Quiroz?; a los policías que abusan de las armas que le proporciona el Estado hiriendo o matando jóvenes; a los abogados y jueces que manipulan la justicia, nombrando a sus amigos y obteniendo sentencias a su favor.

Ustedes, estimados lectores, pueden sugerir otras más. Las posibilidades son infinitas en un país que reina la injusticia, con un ministro de Justicia que defendió a Pinochet en el caso Riggs, el robo más grande y escandaloso de nuestra historia. Según el proyecto, Pinochet no estaría en ese Registro.

Esta iniciativa es definitivamente antidemocrática. Intenta, vía amenazas y acciones represivas, atemorizar a la ciudadanía, que nadie proteste, que todos acepten cualquier injusticia. Los lobos, por ahora en el poder, quieren un país de ovejas. Dudo que lo logre con su inventito de incivilidades, que más parecen imbecilidades.