Carta de Machi Francisca Linconao a Bachelet. ¿Por qué nuevamente el Estado me acusa de algo que no he cometido?

¿Por qué nuevamente el Estado me acusa de algo que no he cometido?

Nunca me imaginé vivir un segundo allanamiento, de noche, transgrediendo mi espacio sagrado y rompiendo nuevamente mi equilibrio. ¿Por qué se quiere dañar la imagen de una Machi?, me gustaría explicarle mi rol: yo no elegí ser Machi, sino que es una función que llegó a mí y debí asumir, es un trabajo al servicio de los demás con la finalidad de devolver la salud física, espiritual y guiar en el proceso de ser persona en el mundo mapuche.

“Temuco, Abril 2016

Señora
Michelle Bachelet J.

Presidenta de Chile

Presente

Estimada Presidenta:

Espero se encuentre muy bien junto a su familia, me atrevo a escribirle por segunda vez, en esta ocasión desde la cárcel de mujeres de Temuco para presentar mi caso.

Mi nombre es Francisca Linconao Huircapán Machi del Lof Rahue, de la comuna de Padre Las Casas, hoy me encuentro con la medida cautelar de prisión preventiva, a la cual por su puesto mi defensa apelará dado que soy inocente y los antecedentes presentados en la audiencia de formalización demuestran un trabajo vergonzoso de la Policía de Investigaciones de Chile, ocupando un testimonio que surge desde las amenazas a uno de nuestros vecinos, a quien han hecho un tremendo daño del cual espero se pueda recuperar.

Son muchas las interrogantes que tengo, ¿por qué nuevamente el Estado me acusa de algo que no he cometido? Nunca me imaginé vivir un segundo allanamiento, de noche, transgrediendo mi espacio sagrado y rompiendo nuevamente mi equilibrio. ¿Por qué se quiere dañar la imagen de una Machi?, me gustaría explicarle mi rol: yo no elegí ser Machi, sino que es una función que llegó a mí y debí asumir, es un trabajo al servicio de los demás con la finalidad de devolver la salud física, espiritual y guiar en el proceso de ser persona en el mundo mapuche.

Como le contaba la vez anterior vivo con mi hermana, una sobrina que es como nuestra hija y su pequeña hijita Paula, somos mujeres que hemos salido adelante gracias al trabajo, esfuerzo y también a la dignidad de nuestro Pueblo Mapuche. Por ello no merezco ser condenada públicamente sin una investigación seria y un juicio justo, en realidad no debo pasar por dicho proceso, pues soy inocente.

La otra vez le escribí para contar sobre las diversas gestiones que he realizado para lograr vivir plenamente, en mi territorio, ejerciendo mi rol tradicional, lo cual busco desde el año 2008, donde lucho por acceder a un sitio de significancia cultural y donde recolecto mi lawen (plantas medicinales), espacio al cual aún no puedo acceder libremente, pero que se constituye en el primer recurso de protección donde se utiliza el Convenio 169 de la OIT, y que me hace conocida a nivel nacional e internacional. El haber ganado ese recurso implicó que se me asignara aplicabilidad por sitio de significancia cultural. Luego el 2013 ocurre la muerte del matrimonio Luschinger Mackay, la cual lamentamos como familia, pues mi hermana ha trabajado por años con familiares de ellos. En esa oportunidad en un allanamiento me detienen y me despojan violentamente de mis vestimentas, estoy bastantes meses con arresto domiciliario y arraigo regional y nacional, mi salud física y espiritual se dañaron fuertemente, pero la mayoría no logra comprender que es porque no puedo acceder libremente a mi territorio, a los espacios sagrados que allí existen y por la grave transgresión sufrida en el despojo de mi vestimenta tradicional. Ninguna institución del Estado se preocupó de atender mi requerimiento, de reparar el daño causado pues la mayoría no conoce, no entiende y no quiere muchas veces abrirse a otra forma de comprender la vida.

Por la anterior situación es que decidí interponer una demanda civil contra el Estado de Chile, más que por el dinero, es como una forma de llamar su atención y decir: somos diferentes, deben conocernos y respetarnos.

Le cuento que esperé con ansias el inicio de su mandato, me aburrí de las reuniones y conversaciones con el Gobierno anterior, me mintieron mucho, pensé “con la Presidenta el trato será mejor”, fui a votar por Ud. a los 3 días de haber sido operada de vesícula, me armé de Newen y salí a votar, y llevé a mi familia también, queríamos que Ud. llegara a gobernar con fuerza para todo nuestro Pueblo. Con la llegada de su gobierno comencé a solicitar reuniones con los jefes de CONADI, la Ministra de Desarrollo Social, Parlamentarios de la zona, en fin con todos y todas en quienes veía una posibilidad de apoyo a mi demanda; por eso me duele ahora cuando toda la opinión pública me indica como asesina, terrorista ¿acaso una terrorista dialoga al más alto nivel buscando dignidad?

De todas esas gestiones logramos que una de las familias Luschinger, donde mi hermana ha trabajado, nos manifestara su voluntad de venta de las tierras a nuestra comunidad, pues tenemos arraigo en ella, de hecho aún existe un manzano que fue plantado por mi abuelo. Hemos realizado todas las etapas que implica este proceso y tenemos aplicabilidad desde fines del año 2014. En la primera carta que le envié y hacía referencia a esta situación, Ud. me indicó que es CONADI la encargada de atender mi inquietud y que estaba en ello. Lamentablemente desde allí hemos sufrido una seguidilla de malos tratos de parte de CONADI, nos ha mentido, dividido entre los integrantes de una mesa de comunidades con aplicabilidad, me han ofrecido negociar de manera individual y no con la mesa, me han prohibido que hable con los abogados que tramitan las carpetas, como si yo no fuera una persona con derechos, esto es lo que más me ha dolido, pues como le decía anteriormente yo esperé con ansias su gobierno, no para obtener algo de manera incorrecta, sino para ser informada de manera clara y oportuna sobre el curso de los trámites, cumpliendo los plazos propuestos por la propia CONADI.

Muchas veces me pregunto ¿De qué me sirve haber sido el primer caso del Convenio 169 de la OIT?; ¿tener una aplicabilidad por sitio de significancia cultural?, una segunda aplicabilidad por art. 20B? una sentencia favorable por la demanda civil?, lo que yo busco urgentemente es vivir en dignidad en mi territorio, restablecer mi equilibrio, seguir desempeñando mi rol de Machi ayudando a chilenos y mapuche a mejorar su salud.

Espero que pueda compartir esta carta con su Ministro de Desarrollo Social, también con el Ministro Burgos, y con quienes crea Ud. deban conocer lo que ocurre verdaderamente en nuestra Región, Ud. tiene la oportunidad de cambiar la historia de malos tratos a nuestro Pueblo, es Ud. también una mujer de fuerza y solidaridad.

Espero que estos días de tormenta pasen y pueda este próximo wexipantu tener una buena noticia para recuperarme y así poco a poco un pueblo entero.

Pewkayal ka lemorria tami kom pu che (hasta pronto y saludos a toda su gente)

FRANSCISCA LINCONAO HUIRCAPÁN

MACHI
LOF RAHUE”

Fuente: http://www.radiodelmar.cl/2016/04/carta-de-la-machi-francisca-linconao-a-presidenta-bachelet/#

Read More

Trabajadores mineros lanzan Frente Nelson Quichillao en crítica a la CTC

Como un contrapeso a la actual dirección de la Confederación de Trabajadores del Cobre surgió el Frente de Trabajadores Mineros Nelson Quichillao. Lleva el nombre del minero asesinado hace un año y cuenta entre sus filas al ex presidente de la organización Cristián Cuevas.

Por eldesconcierto.cl@eldesconcierto

A raíz de los despidos masivos en el sector minero del último tiempo y las complicaciones que ha tenido la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) en las negociaciones del Acuerdo Marco es que se dio a conocer hoy el surgimiento del Frente de Trabajadores de la Minería Nelson Quichillao, en honor al minero asesinado el año pasado, en medio de una jornada de protesta de trabajadores subcontratistas.

Según su declaración de principios, Nelson Quichillao representa “los más altos valores de nuestro movimiento, la lealtad de clase, la disciplina sindical, la convicción total de la urgencia de la causa contratista y la voluntad de lucha frontal contra el enemigo”.

“Este Frente surge para revitalizar la CTC, promover su cohesión y aportar en la unidad del conjunto de los trabajadores contratistas de la minería, que hoy ven y sienten lejana a su organización, nuestra intención es defender la principal organización de los trabajadores contratistas de la minería, jamás dañarla”, dice José Mardones, dirigente de la CTC de Calama.

Uno de los miembros más connotados de la nueva agrupación es Cristián Cuevas, ex presidente de la CTC y ex dirigente del Partido Comunista. “Nosotros debemos recuperar a Nelson del olvido que en general golpea al movimiento sindical y popular chileno, él representa las convicciones y la fuerza de la Confederación de Trabajadores del Cobre. El olvido no se resuelve con monolitos, sino que tiene que ver con acciones que de alguna manera permitan fortalecer el movimiento sindical y la unidad al interior de la CTC junto con la disciplina militante de todo el sindicalismo chileno”, afirma Cuevas.

El grupo surge en crítica a la actual conducción de la CTC. Así lo plantea Raúl González, director nacional de la CTC: “Durante el año pasado no fue bien llevado el proceso de negociación en donde el ejecutivo de la Confederación mantuvo distante a los directores, no haciéndoles llegar información del proceso, debido a esto las movilizaciones no tuvieron éxito. Ellos (ejecutivo CTC) nos decían que tenían de rodillas a Codelco, pero finalmente fue la empresa estatal quien nos tuvo de rodillas a nosotros, con los despidos masivos, pases bloqueados de trabajadores y con un compañero muerto en el Salvador”.

El Frente de Trabajadores de la Minería Nelson Quichillao tiene presencia en Calama, Petorca, Los Andes, Ventana y Rancagua.

NOTA: Para dar a conocer su creación el Frente viralizó un video en las redes sociales , el que SICNoticias pone a disposición de sus lectores

FUENTE: 

http://www.eldesconcierto.cl/santiago-no-es-chile/2016/04/06/trabajadores-mineros-lanzan-frentre-nelson-quichillao-en-critica-a-la-ctc/

Read More

La alternativa de izquierda que quiere hacerle la pelea a la derecha y la Nueva Mayoría. Por Greta di Girolamo

Anticapitalistas, críticos de la corrupción y vinculados a dirigencias sociales. Si liman sus asperezas, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, Izquierda Libertaria y un equipo que aúna las fundaciones Crea y Emerge barajan la posibilidad de confluir en una alternativa política que haga frente a la derecha y la Nueva Mayoría en futuras elecciones.

Por Greta di Girolamo@gretadigirolamo

Ad portas de un nuevo ciclo de elecciones –las municipales el 23 de octubre de este año y las presidenciales en 2017- existen expectativas puestas en las nuevas fuerzas de izquierda emergentes.

Como antecedente alentador para quienes esperan un cambio en la política nacional, están los casos de los diputados Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, y Gabriel Boric, de Izquierda Autónoma, ambos caracterizados por su cercanía a la ciudadanía -Jackson fue el político mejor evaluado de la última encuesta Adimark- y sus fuertes críticas al funcionamiento de la política actual.

¿Cuál es el próximo paso de estas fuerzas? En el desconcierto.cl quisimos averiguarlo y conversamos con representantes de la IA, RD, Izquierda Libertaria y una cuarta fuerza que aún se está perfilando que aúna a las fundaciones Crea y Emerge.

“El 2016 es el año de organización. Vemos con entusiasmo cómo otras fuerzas se están constituyendo. Eso lo saludamos y estamos en diálogo permanente con las distintas fuerzas de izquierda para poder, en el terreno de la lucha, del trabajo político, hacer alguna iniciativa conjunta”, dice Roberto Sáez, de Crea y Emerge.

En su proceso de organización y conformación formal, se podría decir que la más aventajada es Revolución Democrática, que ya ha decidido transformarse en un partido político y está en pleno proceso de juntar las firmas para lograrlo con eventos y firmatones diarias en distintas partes del país.

Hacia fin de año esperan estar presentes en al menos diez regiones de Chile, y en varias de ellas idealmente antes de que se lleven a cabo las elecciones municipales, para así alzar una lista propia de candidatos a alcalde y concejales. Algunos de los precandidatos a la alcaldía, que serán ratificados por el consejo político durante la semana, son el líder ecologista Ricardo Díaz en Antofagasta, Jaime Sáez en Puerto Montt y Juan Pablo Arraiza en Santa Cruz.

En las zonas donde no alcancen a constituirse como partido, barajan la opción de crear alianzas electorales con otros partidos políticos en las candidaturas de concejales siempre y cuando haya “afinidad programática, voluntad de cambio, participación ciudadana y compromiso con la transparencia fiscalización”, asegura Sebastián Depolo, Coordinador nacional de RD.

Si esos requisitos se cumplen, incluso estarían dispuestos a pactar con colectividades que actualmente forman parte de la Nueva Mayoría, como el Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana, y el MAS. “Pero la mayoría de las veces estoy pensando en fuerzas que están fuera de la Nueva Mayoría. El proyecto político de la NM no tiene un futuro transformador. Las señales que uno ve en la candidatura de Ignacio Walker o la pretensión de que Lagos vuelva a ser presidente no te hablan de un futuro con transformaciones, sino de un retroceso de los avances que, aunque tímidos, se han logrado con este gobierno”, afirma Depolo.

Es por esa razón que las tres fuerzas restantes se niegan tajantemente a cualquier tipo de pacto o trabajo conjunto con la Nueva Mayoría.

Jorge Sharp, miembro de la Dirección Ejecutiva de Izquierda Autónoma, afirma que, aunque su colectivo no va a estar constituido como partido –una opción que no han abrazado ni rechazado-  para las elecciones municipales, no harían una alianza política con un partido que forme parte de la actual coalición de gobierno.

“Lo importante respecto a las alianzas políticas son dos cosas: construir una fuerza política social para impulsar reformas radicalmente democráticas que supongan una verdadera salida al neoliberalismo y además perfilar una nueva fuerza que supere a la Nueva Mayoría y a la derecha. En la medida en que tengamos acuerdo en esos dos puntos, cualquier alianza es perfectamente posible”, explica Sharp.

Con esa idea, levantarán candidaturas independientes a alcalde en la Región de Magallanes -de donde es oriundo Gabriel Boric- y candidaturas a concejales, caso en el que barajan aliarse a otras colectividades. También está la idea de levantar un candidato en Valparaíso, decisión que se tomará en los próximos días.

En paralelo, los autonomistas acaban de finalizar un proceso de discusión interna que se llevó a cabo durante el año pasado con el objetivo de “avanzar hacia la constitución de un movimiento político junto a otros actores políticos y sociales más amplio”. El proceso concluyó recientemente con la elección de la primera dirección ejecutiva de la Izquierda Autónoma compuesta por nueve personas, entre ellas el mismo Sharp, el ex presidente de la FECH Andrés Fielbaum y la ex presidenta de la Federación de la Universidad Central y ex candidata a diputada Daniela López.

Una tercera fuerza es la Izquierda Libertaria, que está finalizando su congreso fundacional que culminará en un lanzamiento de la colectividad en junio de este año, en el cual presentarán sus lineamientos y directiva.

Los libertarios también rechazan todo tipo de vínculo con la Nueva Mayoría. Francisco Saiz, encargado político metropolitano de la colectividad, explica que existen factores clave a la hora de decidir con qué organización aliarse. “Tiene que estar con una mirada clara a la superación del neoliberalismo. Cualquier cosa que quiera transformarlo de dentro, como el PC, queda fuera. Debe tener independencia de la Nueva Mayoría y de la derecha y estar fuera de casos de corrupción”, resume, haciendo alusión a que el PRO también queda descartado.

“Esperamos que del proceso de cada organización haya una resolución explicita y clara de la necesidad de construir un frente amplio político. Si eso no sale, nos va poniendo trabas para superar el modelo”, dice el libertario Francisco Sainz.

Con esa limitación -que deja disponible solamente una alianza con el Partido Humanista, el Partido Igualdad y organizaciones sociales no partidistas- están apoyando fuertemente la candidatura a alcaldesa en Estación Central de la dirigenta social del movimiento Ukamau, Doris González.

“Además de Doris, estamos evaluando apoyar otras posibles candidaturas y estamos abiertos a todas las que tengan ese perfil: dirigentes sociales elegidos por sus vecinos y organizaciones con un programa de ruptura”, dice Sainz.

Finalmente, como una cuarta fuerza emergente de izquierda, existe un equipo político conformado por miembros de la fundación Crea –vinculada a la Unión Nacional Estudiantil (UNE) y dirigida por Carla Amtmann – y fundación Emerge–fundada por el dirigente social y ex comunista Cristián Cuevas-, a lo que se suman personas que no pertenecen a ninguna de las dos organizaciones y también miembros de otras organizaciones, como Jorge Peña, presidente del Sindicato de  trabajadores Contratistas de la Gran Minería (Siteco).

“Somos un equipo que está buscando posibilidades para construir un camino. A fines de abril vamos a tener definiciones más concretas respecto a nuestro propio proceso”, como por ejemplo si van a constituirse como un partido político nuevo, explica Roberto Sáez, uno de los integrantes de la colectividad que aún no tiene nombre.

“El 2016 es el año de organización para nosotros y también vemos con entusiasmo cómo otras fuerzas se están constituyendo: está la composición orgánica de la fuerza autonomista; el congreso de Izquierda Libertaria, que va a ser un gran avance y RD ya está terminando sus esfuerzos para constituirse como partido político. Todo eso es un avance  para el conjunto de la izquierda. Eso lo saludamos y estamos en diálogo permanente con las distintas fuerzas de izquierda para poder, en el terreno de la lucha, del trabajo político, hacer alguna iniciativa conjunta”, concluye Sáez.

El “pero” de RD

De izquierda, anti neoliberales, aliados a las dirigencias sociales, democráticos, transparentes y con la idea fija de configurarse en una alternativa a la derecha y a la Nueva Mayoría. Todos esos valores fueron nombrados tanto por RD, Izquierda Autónoma, Izquierda Libertaria y el equipo político de Crea con Emerge.

Además, ya han existido alianzas políticas, sobre todo en el terreno de política universitaria, entre estas organizaciones. Es el caso del ex bloque conductor conformado por autonomistas, libertarios y la UNE que estuvo a la cabeza de varias federaciones estudiantiles. Lo mismo con Crecer, colectividad de izquierda que está a la cabeza de la Federación de estudiantes de la Universidad Católica que cuenta con miembros de la UNE y de la Izquierda Libertaria.

Las similitudes y los antecedentes permiten concluir que eventualmente las cuatro colectividades pueden confluir en una fuerza política nacional que haga frente a los candidatos de la derecha y la NM en próximas alecciones. Pero, ¿qué esperan?

“Compañeros de RD plantean la necesidad de realizar reformas democráticas y antiliberales, pero forman parte de un ministerio que no ha dado el ancho. Hay definiciones que van a tener que adoptar, más allá del ministerio, la disposición que existe de construir esta fuerza distinta. Eso supone independencia”, señala Jorge Sharp, de Izquierda Autónoma.

Un primer punto a considerar es que las definiciones internas de cada grupo aún no están del todo concluidas, razón por la cual esta especie de tercera fuerza, de llegar a existir, no lo hará antes de las elecciones municipales. Quizás llegue a conformarse para las presidenciales de 2017.

Eso, si se destraba al menos uno de los roces que existen entre ellas. Se trata de la cuestionada presencia de militantes de Revolución Democrática en puestos de gobierno, como por ejemplo Miguel Crispi como asesor en el ministerio de Educación y Gonzalo Muñoz como jefe de la División de educación general en la misma cartera.

“Se necesitaba un impulso que trajera las demandas del movimiento social y las introdujera en la disputa legal. Unas cosas se han ganado otras cosas no, pero la izquierda sin una política de incidencia termina siendo un testimonio”, se defiende Sebastián Depolo, de RD.

“Es un elemento que efectivamente hay que aclarar. Escucho a compañeros de RD que plantean la necesidad de realizar reformas democráticas y antiliberales, pero ellos forman parte, en definitiva, de un ministerio que no ha dado el ancho. Ellos mismos lo han terminado por reconocer. Hay definiciones que van a tener que adoptar, más allá del ministerio, sino la disposición que existe de construir esta fuerza distinta, nueva. Y eso supone independencia”, señala Jorge Sharp, de Izquierda Autónoma.

La misma idea tiene Francisco Sainz, de la Izquierda Libertaria: “RD tiene que tomar una decisión: sigue en la órbita de la Nueva Mayoría o decide estar con la organización social”.

Roberto Sáez, de Emerge y Crea, afirma que ellos no accederían a trabajar con la Nueva Mayoría, pero que prefiere no opinar de otras fuerzas de izquierda. “Dialogamos con RD y saludamos todos los esfuerzos que hacen en la disputa antineoliberal en distintos planos”.

RD se defiende. Depolo afirma que es un error político considerar que su colectividad está dentro de la Nueva Mayoría: “No somos parte de la Nueva Mayoría y no vamos a ser parte. Lo que estamos haciendo es contribuir a una agenda de transformación: se necesitaba un impulso que trajera las demandas del movimiento social y las introdujera en la disputa legal. Unas cosas se han ganado otras cosas no, pero la izquierda sin una política de incidencia termina siendo un testimonio”.

“Creer que porque estamos participando somos de la Nueva Mayoría es de una simpleza que no está a la altura del desafío que tenemos, que es constituirnos en una fuerza transformadora que empuje y profundice los cambios y ofrezca una alternativa real de conducción”, añade el Coordinador nacional de RD.

En eso todos coinciden: les preocupa que la izquierda se disperse porque, sin unidad, no hay ninguna posibilidad de llevar a cabo un proyecto alternativo al actual. “Esperamos que del proceso de cada organización haya una resolución explicita y clara de la necesidad de construir un frente amplio político. Si eso no sale, nos va poniendo trabas para superar el modelo”, concluye el libertario Francisco Sainz.

FUENTE: http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/04/06/la-alternativa-de-izquierda-que-quiere-hacerle-la-pelea-a-la-derecha-y-la-nueva-mayoria/

Read More

El deber del movimiento estudiantil con el proceso constituyente. Por Camila Lucero

El movimiento estudiantil tiene el deber de irrumpir con mayor fuerza en la escena política para posicionar las diversas temáticas que nos permitan avanzar en esta línea. 

Han pasado casi seis meses desde que Michelle Bachelet anunció por cadena nacional el inicio de un “proceso constituyente” que concluiría en una nueva Constitución Política para Chile.  Dicha propuesta consiste en un proceso educativo preparatorio que dará paso a una serie de diálogos ciudadanos, a fin de entregar a la Presidenta las “Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución” cuya implementación corresponderá al Parlamento. Así, en sintonía con el temple de las “reformas”, la Asamblea Constituyente quedó para los románticos.

Desde la vereda del movimiento estudiantil y social, la propuesta del gobierno nos obliga a reflexionar en torno a las posibilidades que se abren (o cierran) con el “proceso constituyente”, a objeto de mantener nuestro rol dinamizador y el respaldo ciudadano.  Eludir dicha problemática sería nefasto para los estudiantes, en cuanto actor político articulador de una nueva ciudadanía y, por ende, parcialmente responsables de ésta.

La relevancia del desafío radica en que el ciclo de movilizaciones por la educación forjó un nuevo sentido común que trasladó los límites de lo posible, surgiendo nuevas voluntades de cambios y, con ello, la necesidad colectiva de recuperar nuestros derechos sociales. Todos estos cuestionamientos condujeron a la reflexión ciudadana respecto a la urgencia de cambiar el ordenamiento legal destinado a reducir la participación democrática, cuya institucionalidad tutela la imposición de una minoría frente a la mayoría. Pero dicha disputa no es un mero asunto de procedimientos como lo ha querido hacer ver la Nueva Mayoría con su propuesta constituyente, sino que esencialmente de contenidos. El conflicto persevera en la dicotomía entre derechos versus subsidio al mercado y en la democracia participativa versus la simulación representativa.

Hoy, con la evidencia del perfil conservador de las reformas, es precisamente la iniciativa desarrollada por el movimiento estudiantil y social la única puerta de entrada para continuar forjando la sociedad que aspiramos. El visaje final de la “nueva constitución” por parte del parlamento –embozado por las redes empresariales- sugiere que el 2016 y el 2017 no será la oportunidad en que las mayorías cambien sustancialmente los contenidos del orden constitucional, por lo tanto, existe la responsabilidad histórica de construir un camino en esta dirección.

El movimiento estudiantil tiene el deber de irrumpir con mayor fuerza en la escena política para posicionar las diversas temáticas que nos permitan avanzar en esta línea. Somos las y los estudiantes quienes debemos sentirnos protagonistas de este debate constitucional y no delegarlo en la política formal. Es importante que desde la Confech exista un pronunciamiento claro respecto a que una nueva Constitución solo es legítima si resulta como expresión de la soberanía popular, haciéndose cargo de un Nuevo Proyecto Educativo en cuanto derecho humano fundamental y no como prestación estatal subsidiaria. Debe ser la Confech, junto a los actores de la educación, el actor convocante a discutir en torno a cuál será la columna vertebral de la nueva Carta Fundamental en materia de educación, y velar por el aseguramiento de una educación efectivamente gratuita, pública, democrática, no sexista y de calidad.

El actual momento político de crisis de representación es el escenario propicio para que las nuevas generaciones cumplan un rol mucho más activo en torno a los procesos sociales. Como actor estudiantil debemos mirar el debate constituyente como una posibilidad de, nuevamente, irrumpir en la opinión pública e instalar de forma efectiva las demandas trabajadas durante todos estos años, y que pretenden ser invisibilizadas mediante una reforma educacional fallida e insuficiente.

Que la propuesta de gratuidad universitaria haya concluido en una glosa presupuestaria destinada a cubrir exclusivamente el año 2016, examinada por un Tribunal Constitucional que utiliza el lente pinochetista de las actas de la constitución, es un claro ejemplo de la falta de garantías democráticas sobre una discusión que les fue expropiada a las familias chilenas. Así, con la “cocina” funcionando se han desfondado las expectativas del programa educativo de gobierno que ya tiene a cientos de estudiantes sin claridades respecto a sus financiamientos.

En definitiva, el gobierno nunca vinculó la reforma a la educación superior al proceso constituyente, claramente porque, en términos formales, sólo un cambio constitucional permitiría asegurar cambios legales y detener todo intento por hacer trajes a la medida.  Al respecto, sin duda que la articulación de las fuerzas y organizaciones sociales debe avanzar hacia la comprensión del proceso constituyente como una oportunidad de confluencia política, donde exista una elaboración programática que apunte a transitar desde un Estado Subsidiario a un Estado garante de derechos sociales y de una democracia participativa. La invitación es a que los estudiantes sigamos pateando el empedrado y preparando la siembra que nuestros hijos e hijas recogerán.

FUENTE:

http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/el-deber-del-movimiento-estudiantil-con-el-proceso-constituyente

Read More

Proceso constituyente, tareas pendientes y un camino posible. Por Oscar Menares, Abogado, CP de Izquierda Libertaria.

Necesitamos avanzar en un proceso pedagógico, de aprender haciendo, que instale estos aspectos e involucre a los más amplios sectores sociales en la movilización por una Asamblea Constituyente libre y soberana.

Hace un tiempo atrás Camilo Escalona calificó a aquellos que impulsaban la Asamblea Constituyente como fumadores de opio. Esta expresión, cuya intención se funda en el deseo de que nada cambie, no dejó indiferente a aquellos que hacen de la lectura de la realidad una actividad permanente, no porque fuera una analogía odiosa sino porque en el fondo oculta algo de realidad.

Ello no significa que asumamos la legitimidad del orden constitucional vigente, ni menos pretendamos enterrar el debate constituyente bajo el consabido argumento de que la actual correlación de fuerzas es desfavorable para las expresiones del cambio. Nos hacemos cargo de ello, en un contexto signado por el proceso constituyente anunciado por el gobierno -que no obstante sus características restringidas, carente de instancias democráticas, deliberativas y vinculantes- otorga una oportunidad para posicionar un tema sensible en la agenda pública.

Cuando hablamos de posicionar, nos referimos a situarnos en el contexto político, proponiendo desde nuestros valores y principios un camino que nos permita transitar a una nueva constitución redactada por los pueblos que habitan Chile.

Decíamos que, en el fondo, la reflexión de Escalona no dejaba de tener razón en el sentido que las fuerzas que propugnan la Asamblea Constituyente no gozan de la densidad institucional que les permita garantizar condiciones mínimas de representación en un proceso institucional que condense el debate constituyente; menos, por tanto, de garantizar contenidos transformadores. Asimismo, los procesos sociales transitan un lento camino de recomposición, golpeados por los martilleos propinados por la ofensiva conservadora. Finalmente, ambos procesos -de configuración de la izquierda y de recomposición política de lo social- no encuentran aún canales de retroalimentación y proyección deliberativa colectiva.

Lo anterior constituye un escenario adverso, pero que sitúa como prioritario resolver estos problemas.

En particular implica construir una fuerza de Nueva Izquierda capaz de ganar en musculatura institucional que contribuya -junto a otros- a alterar la actual correlación de fuerzas. Dicho de otra forma, debemos dotarnos de la capacidad electoral y fuerza social necesaria para condicionar los ejes del debate nacional como presupuesto de la apertura de un proceso constituyente.

Es por ello que la capacidad de proyección institucional de la izquierda y sus resultados en las próximas contiendas electorales son claves para generar condiciones que hagan posible abrir dicho proceso con algún grado de éxito.

Sin embargo, el proceso constituyente impulsado desde el gobierno ya está en marcha, lo que obliga a tomar posición con una mirada de largo plazo. En lo concreto eso implica partir interpelando al arco de fuerzas políticas y sociales en torno a la eliminación de las trampas o candados institucionales que garantizan el veto de la minoría por sobre las mayorías.

En ese sentido, el primer paso y condición previa para la formulación democrática de la vía constituyente no puede ser otra que el gobierno incorpore en la reforma constitucional que habilite al próximo parlamento a definir el mecanismo, la eliminación de los blindajes constitucionales de Pinochet, expresados en el control preventivo en la formación de las leyes por parte del Tribunal Constitucional y la eliminación de los quórum contra mayoritarios, blindajes que de ser superados permitirían abrir una etapa de normalización democrática, que sin cartas marcadas de antemano, permitan la libre deliberación en torno una nueva carta fundamental.

De no incorporarse estos aspectos, la sociedad chilena constatará que el actual proceso constituyente carece de garantías democráticas y, por tanto, terminará por reproducir en una nueva carta magna los blindajes que impiden la genuina expresión de la voluntad soberana. Todo proceso constituyente surgido de este maridaje no será otra cosa que un nuevo fraude que profundizará la crisis y, en su momento, hará más profunda la ruptura.

Requerimos avanzar en un proceso pedagógico, de aprender haciendo, que instale estos aspectos e involucre a los más amplios sectores sociales en la movilización por una Asamblea Constituyente libre y soberana. Consideramos que este camino, sustentado en la acción en contra los pilares institucionales del modelo, permitirá abrir un genuino proceso constituyente, al tiempo que nos permite construir la fuerza social y política para desplazar a la minoría que con mano ajena reconquistó el poder para defender sus granjerías y sus privilegios y que pretende sostenerlos a costa del deterioro de la convivencia democrática.

Por  Oscar Menares, Abogado, Comisión Política de Izquierda Libertaria.

FUENTE: http://www.eldesconcierto.cl/debates-y-combates/2016/04/04/proceso-constituyente-tareas-pendientes-y-un-camino-posible/

Read More

En La Araucanía hay Terrorismo de Estado. Por Tito Tricot

La violencia es un ojo de agua que relampaguea cuando uno menos lo espera. Como las tormentas de altamar o los movimientos telúricos, aquellos que serpentean bajo la tierra y uno sabe cuándo comienzan, pero jamás cuando terminan. Como el conflicto chileno-mapuche que se inició con la ocupación militar del territorio mapuche por parte del Estado chileno a mediados del siglo XIX, pero que no sabemos cuándo concluirá.

Incluso el presidente José Joaquín Prieto de manera implícita reconoce la existencia de la nación mapuche como entidad autónoma. Prieto señaló en un discurso en 1841que la guerra contra la Confederación Perú-boliviana y con “las tribus bárbaras del Sur” habían sido los únicos problemas de paz exterior. Es decir, de relaciones con potencias extranjeras, como él las llama. Por consiguiente, el país mapuche es un territorio ocupado militarmente. Ese es el origen del conflicto. Este es un conflicto chileno o, a lo sumo, un conflicto chileno-mapuche.

Claro porque la clase dominante no entiende que este es un conflicto político y no delictual, criminalizándolo, recurriendo a la represión y perpetuando la violencia del siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI. Por una parte, se unilateraliza el problema denominándolo conflicto mapuche, para de este modo estigmatizar al pueblo mapuche y, por el otro, deslindar la responsabilidad del Estado chileno. Asimismo, se despolitiza el tema, pues, como ha señalado el Intendente Andrés Jouannet, todo se reduciría a un tipo de delincuencia rural. Está meridianamente claro que no existe conflicto mapuche, sino que aquí tenemos un conflicto chileno que se consolidó con la ocupación definitiva en 1883 mediante la circunloquiamente designada “Pacificación” de La Araucanía que nada tuvo de pacífica. Si un Estado llega por la fuerza a otro país soberano, como lo era el país mapuche, y usurpa el 90% de su territorio

¿No tendrían los mapuche el derecho a llamarle a eso delincuencia rural? ¿No es delincuencia rural el proceso de contra-reforma agraria llevado a cabo por la dictadura que despojó a los mapuche de 152 mil hectáreas que les habían sido restituidas por el gobierno de la Unidad Popular? Es terrorismo de Estado la represión experimentada por el pueblo mapuche por militares y agricultores; y es violencia estructural también la consolidación de la industria forestal en su territorio; de las centrales hidroeléctricas, las carreteras, los vertederos, las plantas de tratamiento de aguas servidas, la pesca industrial y prospecciones mineras.

Ante dicha violencia estructural, agenciada por el Estado y, en el caso de las forestales, por empresas de seguridad con guardias que constantemente amedrentaban a las comunidades, confrontado con la posibilidad de desintegración territorial, social y cultural, segmentos del pueblo mapuche concluyen que deben confiar en su propia fuerza e inteligencia para luchar por sus derechos colectivos. Surge así un movimiento de resistencia a la violencia estatal y el Estado responde con el terror, militarizando el territorio mapuche, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado y La Ley anti-terrorista después. Hoy, 14 años después de haberse aplicado la Ley anti-terrorista por el presidente Ricardo Lagos en 2002, el actual ministro del Interior Jorge Burgos la invoca en el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay quienes murieron en el condenable ataque a su casa en enero del 2013. Ello no obstante el hecho que Rodolfo Stavengahen y James Anaya, relatores especiales de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas han sido inequívocos en señalar que la legislación anti-terrorista, implementada ante la supuesta existencia del terrorismo mapuche, ha atentado contra cualquier tipo de juicio justo. Ben Emmerson, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, fue aún más allá al puntualizar que la Ley se ha convertido en parte del problema y no de la solución del conflicto. Por lo mismo, enfatizó: “todo uso de la ley Antiterrorista debe cesar inmediatamente”.

En esta ocasión, con la detención de once comuneros del sector Padre Las Casas, nuevamente se evidencia la histeria racista. Basados en el testimonio de una persona quien, en el mismo tribunal públicamente se retractó de su declaración explicitando que la policía lo había obligado a confesar algo que no es verdad, tanto los medios de comunicación como la fiscalía, ya dan por hecho que los detenidos –todos mapuche– son culpables de un acto delictual.

Incluso los niños mapuche son tratados como criminales; es lo acaecido en octubre de 2014 donde fueron detenidos 2 comuneros adultos y 3 niños en la comunidad Coñomil Epuleo. Los niños fueron golpeados y uno de ellos baleado con perdigones. Estuvieron 4 días detenidos y fueron llevados esposados y los mantuvieron en esa condición en el Tribunal de garantía de Collipulli. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo que no habría sanciones o sumario alguno a los gendarmes, porque se habían cumplido todos los protocolos. Además, uno de los niños mapuche relató que cuando lo llevaron al hospital a constatar lesiones, el doctor le dijo: “ojalá todos los de tu clase se murieran, ojala tú te hubieras muerto…”

Es que para algunos los mapuche no existen, para otros son terroristas del Estado Islámico –como lo dicen panfletos de un delirante autodenominado grupo paramilitar Húsares de la Muerte. Para otros son simplemente chilenos o, quizás, piezas de museo. A éstos últimos, al mapuche arqueológico, se le acepta, porque está distante en el tiempo y en el espacio, no es peligroso. Al de hoy, al de carne y hueso, se le discrimina, se le empobrece, se le reduce, se le obliga a emigrar. Por eso se inventan vínculos con las FARC, Al Qaeda, con la ETA, entre otros. Jamás se ha podido comprobar nexo alguno, pues no existen. La rebelión mapuche, la insurrección mapuche, el alzamiento mapuche, la zona roja mapuche, son inventos mediáticos y estrategias de guerra psicológica para justificar la represión y reproducir el modelo neoliberal y el capitalismo en territorio mapuche.

A jóvenes mapuche, como Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, se les asesina, pero Juan de Dios Fuentes, agricultor y presidente de “Paz en La Araucanía” se pasea armado con una pistola al cinto en una manifestación y nada le sucede. Aquí hay un trato discriminatorio ante la Ley: al mapuche se le presupone culpable por el sólo hecho de ser mapuche. Esto es racismo jurídico.
Además, valga recordar que grupos paramilitares han desempeñado un papel infausto en lo concerniente a pueblos indígenas en países como Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, entre otros. Esperemos que no sea lo mismo en territorio mapuche, pero el gobierno o los políticos no hablan de paramilitarismo, sino que sólo de terrorismo mapuche. Es más, el ex ministro de agricultura, Luis Mayol, dijo entender que los agricultores se armaran para defenderse de posibles atentados.

Esto es sumamente peligroso, especialmente si los agricultores y los transportistas ya han demostrado su poder y evidenciado, al mismo tiempo, la debilidad del gobierno. Es inaudito que un grupo de camioneros paralice las carreteras, tenga al país en vilo y que, además, sean recibidos en el palacio presidencial por el ministro del Interior. ¿Qué pasaría si los mapuche hicieran lo mismo? ¿Los dejarían siquiera salir de Temuco

Una pregunta que uno debiese hacerse es: ¿Si realmente existiere terrorismo en territorio mapuche, cómo es posible que la industria forestal haya crecido exponencialmente en las últimas décadas y haberse expandido sus plantaciones de 300 mil hectáreas en 1970 a 2,5 millones de hectáreas en la actualidad? ¿Cómo ha logrado transformarse en la tercera industria más importante de Chile luego de haber sido un sector marginal en 1970? ¿Cómo pueden haber sido el valor de sus exportaciones 1.829 millones de dólares en 1997 –año de inicio del conflicto chileno-mapuche- y haber ascendido a 6 mil millones de dólares en 2015? Algo no calza. Si es que hubiese terrorismo, como dicen que hay, si hubiera el clima de terror, inestabilidad e incertidumbre que afirman que existe, cómo siguen operando y obteniendo tantas utilidades en territorio mapuche? Algo no calza.

En el sur no existe terrorismo mapuche, sino que violencia política ejercida por ciertos sectores minoritarios del movimiento mapuche que consideran legítimo bregar no sólo por tierra, sino que también por territorio. Luchan por la libre-determinación, derecho consagrado en el artículo 3 de la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas –firmada también por Chile– en 2007. Si el Estado chileno lleva más de siglo y medio utilizando la violencia contra ellos, sienten tener el legítimo derecho a la autodefensa. El recurso a la violencia política es un instrumento descolonizador ante la violencia histórica. La violencia utilizada por algunas organizaciones mapuche es substancialmente contra la propiedad privada, sea esta de empresas forestales o de agricultores particulares.

Desconocer la existencia del fenómeno de la violencia política es tan absurdo como sostener la existencia del terrorismo mapuche. También es necesario puntualizar que no sólo las comunidades en resistencia postulan la demanda autonómica sino que, de diversas maneras, otras organizaciones –la mayoría– también lo hacen a través de cauces institucionales y ninguna está planteando, como lo ha señalado Jorge Burgos: “un Estado dentro de otro Estado”.

Lo que sí está claro es que el gobierno está profundamente errado si piensa que recurriendo a la represión va a resolver un problema que el mismo Estado originó. El conflicto no se detendrá con más violencia, por el contrario, sólo generará mayor violencia. El problema no es policial, sino que político, el conflicto chileno-mapuche no se resuelve con la designación de un fiscal preferente o la detención de comuneros basado en la prueba de una persona cuya confesión se obtuvo de manera dudosa y que hace recordar otros montajes pasados.

Las políticas represivas de sucesivos gobiernos de la Concertación, de Sebastián Piñera y de la Nueva Mayoría no han resuelto nada, por el contrario, han agravado la situación, toda vez que existe una nueva generación de mapuche que viven permanentemente bajo el asedio policial, que conocen de allanamientos, helicópteros, tanquetas y fuerzas especiales. La violencia acá es estructural, tiene un contenido histórico y un origen chileno. El Estado chileno surgió, se desarrolló y consolidó negando a los pueblos originarios. Aquí hay que decir las cosas por su nombre: el país mapuche es un país ocupado por un ejército extranjero por la fuerza. Así de simple y así de terrible. Esto es terrorismo de Estado.

FUENTE: http://radio.uchile.cl/2016/04/02/en-la-araucania-hay-terrorismo-de-estado

Read More