El golpe de Estado de 1973 genera las condiciones político-sociales para introducir transformaciones radicales en el sistema económico chileno, permitiendo la implementación de un modelo neoliberal basado en una economía de libre mercado. Si bien la complicidad de la dictadura militar y la Escuela de Chicago, es fundamental para comprender su proceso de implementación; los procesos de legitimación y consolidación de la “revolución liberal” solo son inteligibles gracias al rol que ejercen los gobiernos democráticos en conjunto con los partidos políticos de la Concertación. Es posible referirse a la consolidación de este modelo en base a los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación en estabilizar la economía e imprimir un crecimiento estable y sostenible del PIB; mediante el incremento la tasa de inversión, un manejo macroeconómico que lograse equilibrios sostenibles y reducir la vulnerabilidad ante shocks externos, y dar respuesta a las demandas sociales más urgentes (Ffrench-Davis 2002). Por otra parte, es posible de hablar de legitimación en tanto que los gobiernos de la Concertación sustentan dicho modelo en base a una retórica de estabilidad económica, social y política, el mito clase media. Todo se acompaña de un alejamiento del ciudadano común y corriente de los temas políticos, reducidos a una cuestión estrictamente técnica y administrativa (Salin Y Mazú 2012).
Sin embargo, la movilización estudiantil en 2011 demuestra los primeros atisbos de descontento social y de disconformidad, la estabilidad económica ya no es sinónimo de seguridad social, los procesos de privatización fueron profundizándose y consecuentemente el endeudamiento, la desigualdad en el acceso a derechos sociales (salud, educación, vivienda, etc.) y la desigualdad en la distribución de ingresos se instalan como problemas en los hogares de las familias chilenas (Salin Y Mazú 2012). Su principal consecuencia en el área política es la emergencia de una creciente tensión entre las demandas sociales y la capacidad de la clase política de dar una respuesta dentro de los márgenes del sistema político-económico. En este sentido, el segundo gobierno de Michelle Bachelet y la conformación de la Nueva Mayoría representa un esfuerzo explícito de conducir la modernización del capitalismo chileno, incorporando ciertas políticas redistributivas pero perseverando en la acción privatizadora del mercado y el rol subsidiario del Estado, contribuyendo así al blindaje del modelo neoliberal a través de la inclusión de las demandas del movimiento social en sus lógicas de funcionamiento. En términos concretos, dicho esfuerzo se traduce en la implementación de una agenda legislativa centrada en “reformas estructurales”, a saber, reforma tributaria, reforma educacional, reforma laboral, reforma constitucional, etc.
Frente a este escenario, las fuerzas políticas de izquierda han sido incapaces posicionar ejes programáticos propios desde los cuales generar los procesos de movilización que requiere una estrategia de acción directa de masas (ADM) y ruptura democrática; evidenciando un proceso de politización inmaduro frente a la tarea de generar un modelo alternativo al neoliberalismo.
En un artículo anterior, Espinoza (2015a) alertaba sobre el carácter economicista de algunas lecturas sobre el neoliberalismo chileno que enfatizaban en el carácter cultural o subjetivo de la revolución neoliberal y la consecuente subestimación del rol de lo político y del Estado en dichas miradas. El principal aporte de su reflexión es la conceptualización del Estado en tanto “lugar donde se descifra la situación de ruptura de la unidad constituida por una formación social”, no obstante, su análisis muestra falencias importante a la hora proyectar la relación entre una estrategia de “Ruptura Democrática y Acción Directa de Masas (ADM)” por un lado y la lucha política vinculada al control de la institucionalidad estatal por otro. El principal peligro que esconde esta falencia es la reducción de la estrategia de Ruptura Democrática a una cuestión meramente formal, en otras palabras, se corre el riego subsumir la dimensión programática a la consideración de aspectos tácticos-estratégicos.
En este sentido, el propósito de esta reflexión es aportar elementos para la superación de dicha falencia a través del análisis crítico de las estrategia/discurso de la izquierda tradicional frente al proceso de reconfiguración del bloque Concertación/Nueva Mayoría.
I
“La fortaleza del neoliberalismo ha estado entonces en un punto que nos hemos negado a ver. Las políticas regresivas son tan evidentemente injustas, que solo nos hemos dedicado a criticarlas buscando cuál es el motor que las impulsa. En ese lugar hemos descubierto al neoliberalismo, pero en realidad son todas las escuelas económicas capitalistas las que se amalgaman para recomponer la acumulación de capital en medio de una crisis que es ya permanente”(Ferreira Y Urrutia 2012)
La expansión y concentración de la clase obrera y la emergencia de organizaciones que reivindican los derechos de la clase trabajadora a principios del siglo XX, dan origen a la emergencia de la denominada “cuestión social”, asociada a las duras condiciones de trabajo, salarios bajos e inestabilidad laboral. Como respuesta al crecimiento de las corrientes socialistas, comunistas y anarquistas en el interior movimiento obrero; emerge el reformismo chileno como vertiente social cristiana del Partido Conservador y la Iglesia Católica; el Partido Liberal asume en 1907 como programa la protección de los trabajadores y la corriente socialdemócrata dentro del Partido Radical (Larrañaga 2010).
De esta forma comienza a configurarse en Chile, un “Capitalismo de Bienestar” basado en las directrices del modelo corporativista que introduce Bismarck en la Confederación Alemana de 1880. Este modelo se traduce en una política pública segmentada por categoría ocupacional y clase social. Ejemplo de este modelo lo constituyen las Cajas Previsionales para obreros, empleados particulares y empleados públicos con financiamiento y beneficios diferenciados. En Salud opera la Caja del Seguro para los obreros, mientras que las clases acomodadas recurren a la oferta privada. Así mismo en Educación, los hijos de los trabajadores asisten a escuelas públicas; las clases medias envían a sus hijos a liceos que incluyen cursos de preparatoria y los sectores más adinerados tienen como opción la educación particular pagada (Larrañaga 2010).
A modo de hipótesis, se puede plantear que la segmentación, exclusión y segregación social del “Capitalismo de Bienestar” se encuentra estrechamente asociado a la correlación de fuerzas políticas durante su desarrollo. Siguiendo lo planteado por Salazar, el Estado Liberal chileno integra de forma conflictiva hasta 1973, los intereses y proyectos de las dos principales secciones de la burguesía chilena, a saber, la liberal-financiera y la nacional-desarrollista. Como consecuencia de estos conflictos, podemos señalar (i) la imposibilidad de construir un Estado funcional y eficiente para cada una de estas secciones, fracasando en el desarrollo de políticas librecambistas y políticas industrialistas por otra; (ii) la ineficiencia capitalista del Estado, permite desarrollar una variante populista de la democracia burguesa, lo que favorece la integración de sectores de la “clase media” y en menor medida sectores obreros al aparato estatal. No obstante, la sobrerrepresentación de la derecha terrateniente, la influencia de corporaciones empresariales sobre el aparato estatal y el control de monolítico de los medios de comunicación; relegaron las reivindicaciones del campesinado hasta la década de los 60s. En este contexto, la irrupción de la dictadura militar y a la adopción de la doctrinas liberalismo, implica el fin violento del Modelo de Estado Desarrollista asociado. El proceso de represión política y la transformación del aparato estatal contribuyen indirectamente la constitución del “mito” del Estado de Bienestar que se expresa en la contextualización de las reivindicaciones sociales dentro de un proceso de reforma que implica una “recuperación” de lo público en un sentido amplio.
El discurso de la “recuperación” impregna las propuestas estratégicas de organizaciones de izquierda tradicional (siendo el Partido Comunista su principal referente) y la relato fundacional de la Nueva Mayoría que comienza a incorporar en su bagaje retorico y comunicacional las ideas de “lo público” y “derecho social”. Desde esta lectura, la acción política de este sector se articula en torno a la contradicción entre neoliberalismo-democracia, contradicción que se expresa principalmente en términos mercantilización de los derechos sociales.
Si bien en términos formales articular una estrategia política en torno a la superación de la contradicción entre derechos sociales y modelo neoliberal pareciese ser correcta; es importante, considerar que la historia, el análisis de las condiciones materiales, nos muestra falencias importantes a la hora de aplicar dicha hipótesis. En este sentido, Urrutia y Ferreira (2012) señalan: “Esta falla en el relato implica dos cuestiones que deberemos probar enseguida: (a) la filiación política cardinal de eso que llamamos neoliberalismo, es Demócrata Cristiana, y con solidas adhesiones socialdemócratas; (b) el bienestar que conocieron los trabajadores del capitalismo central y el fantástico crecimiento económico que lo sustentó en el periodo 1945-1973 (“los 30 años gloriosos”), no estuvo enmarcado únicamente por regulaciones económicas, sino también por una verdadera ideología de la “libertad de precios””. En otras palabras, la imposibilidad de un ejercicio pleno de los derechos sociales, no es un fenómeno particular del neoliberalismo sino una necesidad propio de los patrones de acumulación capitalista (Salazar 2015). La principal implicancia que se desprende para las organizaciones de izquierda, es la consideración que la superación del neoliberalismo no conlleva necesaria ni mecánicamente un cambio favorable a la correlación de fuerzas entre clases sociales: No toda reforma se constituye como un avance.
Como señalaba anteriormente, el principal riesgo de omitir estas consideraciones guarda relación con la sumisión de la dimensión programática a la consideración de aspectos tácticos-estratégicos, tal y como sucede en la actualidad con los partidos que desde una vocación revolucionaria que integran el coalición de gobierno. En este sentido, desde la apelación al realismo político, se renuncia a los ejes programáticos propios, perdiéndose la posición de clase tal en los términos planteados por Espinoza en esta misma revista (Espinoza 2015b).
En el caso del Partido Comunista Chileno, estas falencias son claras al momento de conceptualizar la estrategia “Revolución Democrática”: “Postulamos la Nueva Mayoría Nacional como una fuerza política y social, pluralista y multiclasista, que se construye en la acción por obreros, trabajadores, capas medias de la ciudad y del campo, sectores marginados, profesionales, intelectuales, artistas, artesanos, empresarios no monolíticos, dueñas de casas, jubilados, miembros de las FFAA y de Orden y la juventud, es decir, todos los afectados por el dominio transnacional y la aplicación del modelo neoliberal”(Partido Comunista de Chile 2001). La ambigüedad y laxitud con que se caracteriza la construcción de esta “Nueva Mayoría Nacional” se sostienen en una lectura errónea de la realidad: El supuesto que los “afectados por el dominio transnacional y la aplicación del modelo neoliberal” comparten los mismos intereses de clase.
II
En la política y en la vida en general, el diseño de estrategias y tácticas suele alejarse del desarrollo del curso de los acontecimientos. Este nos permite, considerar ciertas precauciones a la hora de analizar en retrospectiva las consecuencias de dichas falencias.
Antes de comenzar dicho análisis, es preciso establecer algunos de los hechos. Primero, la Nueva Mayoría no se constituye como una coalición político-social de izquierda, la presencia del Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana y el Movimiento al Socialismo, en conjunto no presentan ninguna posibilidad de disputar la hegemonía ni conducción a los partidos de la Concertación. Segundo, la conformación de la actual coalición gobernante no ha implicado un impulso a la movilización de masas y tampoco existen indicadores que den cuenta de una rearticulación real (ni siquiera de forma incipiente) de un movimiento sindical y/o reivindicativo que pueda ser atribuida a la acción política del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Por el contrario, el Partido Comunista ha visto deteriorada su capacidad de conducción de los actuales movimientos sociales y ha jugado un rol de división y contención de la movilización social. Si consideramos el protagonismo y masividad asumido desde el 2011, el movimiento estudiantil se constituye como el ejemplo más dramático de este proceso.
A partir de estos hechos y desde la perspectiva de una izquierda de intención revolucionaria, uno puede plantear abierta y directamente que la implementación por parte de la estrategia de “Revolución Democrática” planteada por el Partido Comunista ha sido un fracaso. Uno podría matizar dicho juicio, considerando los avances en términos electorales que ha implicado la elección de diputados y alcaldes de dicho Partido y el valor simbólico que tiene la presencia ministerial de sus militantes. No obstante, y aunque a esta altura sea majadero, sobrevalorar dichos avances implica subsumir la dimensión programática a la consideración de aspectos tácticos-estratégicos.
Lejos de reconocer este fracaso, el PC Chileno ha mantenido una disciplina y un compromiso ejemplar con la coalición gobernante. En este punto es interesante abordar los argumentos con los que se autolegitima dicha disciplina:
El primer argumento para justificar esta disciplina se relaciona con la necesidad forzosa que tiene el PC de hacer frente la despolitización social. En palabras de Julio Sarmiento esto se explicita de la siguiente forma: “Si ya la vía democrática al socialismo es cuestionada, que esperar de una posición que nos fuerza a considerar aliados a sectores abiertamente neoliberales, jugando en una cancha donde pareciera que tenemos todas las de perder”. No obstante, el mismo Sarmiento es incapaz de dar cuenta del “intrincado cúmulo de elementos que fuerzan al PC a plantearse un camino tan peculiar hacia la revolución” (Sarmiento 2012). Sin entrar a sobrevalorar la actividad de los movimientos sociales, dicho argumento no computa lo cambios cualitativos que se producen a partir del ciclo de movilizaciones sociales que se sucede a partir del año 2005 y que adquiere su punto peak en el 2011. Sostener que la despolitización “fuerza” no se sostiene en la medida que es precisamente la conflictividad social de los últimos años la que genera la apertura y la oportunidad de incorporar al PC en la diáspora concertacionista. En este sentido, la incorporación del PC a la Nueva Mayoría, responde a la necesidad de la Concertación de relegitimarse frente a las crecientes demandas de una ciudadanía que asumía incipientemente un rol político relevante, más que a una necesidad que impone la actual correlación de fuerzas. La política de alianzas del Partido Comunista, al plantearse desde esta necesidad, omite el cambio de escenario que implica la defección de sectores de la concertación como el Partido Progresista (PRO) y el MAS y la proyección electoral de nuevos referentes políticos como la Izquierda Autónoma y Revolución Democrática, solo por mencionar aquellos cambios en la arena electoral. La ambigüedad con la que se caracteriza esta necesidad esconde una de las principales renuncias del PC chileno: No se asume la responsabilidad que tiene las organizaciones de izquierda en conducir procesos políticos que impliquen revertir el proceso de despolitización, optando en cambio, por asumir dicha condición solo reversible desde la institucionalidad estatal.
En segundo lugar, la defensa cerrada de esta disciplina y del gobierno de Michelle Bachelet, ha sido acompañada de una política comunicacional que apela constantemente al “anticomunismo”, el “sectarismo” y el “voluntarismo” de otras organizaciones de izquierda como forma de invalidar toda crítica política que se realiza desde una posición revolucionaria. El caso de la división del colegio de Profesores, analizado de forma más amplia por Felipe Ramírez da cuenta de una estrategia basada en asimilar la crítica de izquierda al anticomunismo de derecha y/o reducirla a aspectos meramente “moralizantes” (Ramirez 2014). El anticomunismo, refuerza la posición simbólica del PC dentro de la Nueva Mayoría y debilita la base social de los sectores conservadores de la Nueva Mayoría, en este sentido, es un error conceptualizarla como mera “ignorancia” o “ingenuidad” de la derecha conservadora, sino como una estrategia comunicacional que intenta tensionar a la Democracia Cristiana. Opera en este discurso un mecanismo retorico que asocia la crítica de la derecha conservadora, principalmente de sectores de RN y la UDI a avances reales en la estrategia política del PC: “Si la Derecha nos critica, es porque estamos avanzando”, omitiendo del análisis la funcionalidad que tiene el anticomunismo en las disputas interburguesas.
En tercer lugar, la disciplina y compromiso hacia la Nueva Mayoría se auto-legitima en base al consenso generado por la figura de Michelle Bachelet y el programa de la Nueva Mayoría. La coalición gobernante se articula de esta forma como una propuesta de gestionar la heterogeneidad de los partidos e intereses políticos que la conforman. La crisis de legitimidad, sumada al debate generado por la “gradualidad” del impulso reformista y la subyugación del alcance de las reformas estructurales comprometidas a los intereses económicos; permiten dar cuenta la debilidad con la que se construye este consenso. Como señalamos en una anterior editorial de esta revista, la traducción de reivindicaciones sociales en reformas o propuestas concretas, deja un amplio margen de interpretación, en los que ha predominado una reformulación de la política social hacia una mayor cobertura y acceso (desfocalización) sin transformar los mecanismos de financiamiento ni inscribir dichos cambios en un reconocimiento legal de la responsabilidad del Estado en la garantízación de derechos sociales. Una AFP Estatal y la extensión de becas para alcanzar la gratuidad en educación dan cuenta de este punto.
Las propuestas de la Nueva Mayoría, si bien pueden ser leídas como una mejora a las condiciones de bienestar, son insuficientes para generar o sostener un proceso de superación al modelo neoliberal. El aumento de la participación estatal, si bien permite aumentar la cobertura y alcance de algunos beneficios sociales, atenuando los efectos del mercado y promoviendo una mayor inclusión de los sectores medios, se constituyen como medidas insuficientes en la medida que siguen generando y reproduciéndose.
En síntesis, las organizaciones de izquierda tradicional han construido un relato y una estrategia basada en una lectura y análisis social ambiguo e impreciso, con el objeto de justificar una política de alianzas, que en términos prácticos ha conllevado a la cooptación de la capacidad transformadora de estas mismas organizaciones. La paradoja que constituye es que la pretensión de “realismo”, es decir, el acto autoritario de delimitar los límites de lo posible, se construye sobre interpretación de lo real que, consciente o inconscientemente, excluye y simplifica el análisis de los procesos sociopolíticos que configuran los procesos políticos actuales.
III
Esta crítica a las organizaciones de izquierda tradicional que integran la Nueva Mayoría, en particular al PC chileno, no debe ser considerada como un fin en sí mismo; sino más bien como un medio para clarificar las orientaciones políticas de la izquierda intención revolucionaria (IIR). Es decir, es un ejercicio analítico que solo adquiere sentido en la medida que las organizaciones de la IIR sean capaces de diseñar e implementar una alternativa estratégica consistente con los objetivos e intereses de la clase trabajadora.
Desde la Izquierda Libertaria, esta alternativa se nos presenta bajo el concepto de Ruptura democrática. Sin entrar en detalles en los elementos centrales de dicha propuesta estratégica y la política de alianzas propuesta (Movimiento Político-Social Amplio), es importante, establecer algunos elementos o criterios sobre el contenido sustancial de dicha estrategia.
El primero de estos elementos, si bien reconoce la centralidad que tiene la clase trabajadora en la construcción del sujeto revolucionario, también asume la tarea y la necesidad de establecer alianzas políticos sociales de carácter interclasista. No obstante, los ejes programáticos que orientan y dan sentido a esta política de alianzas se sustentan en la centralidad que tiene la construcción de poder popular en el proceso de reivindicación y ejercicio pleno de los derechos sociales. En este sentido, Urrutia y Ferreira señalan que “La invocación a derechos sociales puede torcer la lógica política del estado capitalista moderno, al exigir que los frutos de la cooperación social sean gozados por la sociedad, sin mediaciones.” (Ferreira Y Urrutia 2012).
Si bien la retórica de los derechos sociales se encuentra presente en gran parte del espectro político, su ejercicio pleno requiere de la lógica con la que se construyen las políticas sociales. El enfoque de derechos, en un sentido estricto, implica la implementación políticas sociales de carácter universal (superando la focalización), la adopción del principio de no-discriminación (superando la segregación socioeconómica que impone la mercantilización de derechos), la adopción del principio de participación sustantiva (los derechos se ejercen no se otorgan), el reconocimiento de su carácter integral e inajenable y la superación de los modelos subvenciones en su implementación. En este sentido, el derecho social implica la erradicación del mercado en la relación entre sujetos y derechos y tensiona la capacidad del modelo económico de dar respuesta a los compromisos y demandas que se desprenden de su ejercicio.
El ejercicio de derechos siempre determina y expresa relaciones de poder entre distintos actores sociales. En este sentido, el contenido sustantivo de una ruptura democrática lo constituye la reivindicación de derechos sociales y colectivos; entendiéndolos como un piso mínimo desde el cual proyectar la construcción al socialismo.
REFERENCIAS
Partido Comunista de Chile, Comisión de Programa XXI Congreso Nacional del Partido Comunista de. 2001. El programa del Partido Comunista. http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Chile/Partido%20Comunista%20de%20Chile/Programa(2001).pdf.
Espinoza, Daniel. 2015a. “La Revolución Y La Ruptura.” Disponible en http://www.perspectivadiagonal.org/la-revolucion-y-la-ruptura/
Espinoza, Daniel. 2015b. “Nuevo Mapa En La Izquierda.” Disponible en http://www.perspectivadiagonal.org/nuevo-mapa-en-la-izquierda/
Ferreira, Esteban, y Miguel Urrutia. 2012. “Poder Popular Y Derechos Sociales.” Disponible en http://www.perspectivadiagonal.org/poder-popular-y-derechos-sociales/
Ffrench-Davis, Ricardo. 2002. “Chile, entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad.” Revista de Economía Política 22 (4):88.
Larrañaga, Osvaldo. 2010. “El Estado de Bienestar en Chile: 1910-2010.” Documento de Trabajo 2.
Ramirez, Felipe. 2014. “Sobre El Anticomunismo, El Sectarismo Y La Crítica En La Izquierda.” Disponible en http://www.perspectivadiagonal.org/sobre-el-anticomunismo-el-sectarismo-y-la-critica-en-la-izquierda/
Salazar, Gabriel. 2015. El Tranco del Pueblo Santiago. : Proyección Editores.
Salin, Alexander y Natalia Mazú. 2012. “Movimiento Estudiantil: Desde La Crítica Al Sistema Educativo Hacia Una Crítica Del Modelo Neoliberal.” Disponible en http://www.perspectivadiagonal.org/movimiento-estudiantil-desde-la-critica-al-sistema-educativo-hacia-una-critica-del-modelo-neoliberal-2/
Sarmiento, Julio. 2012. “Los comunistas y otras izquierdas.” Disponible en http://juliosarmiento.blogspot.cl/2012/01/los-comunistas-y-otras-izquierdas.html
FUENTE : http://www.perspectivadiagonal.org/neoliberalismo-nueva-mayoria-e-izquierda-apuntes-para-una-estrategia-de-ruptura-democratica/
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