El movimiento estudiantil tiene
el deber de irrumpir con mayor fuerza en la escena política para posicionar las
diversas temáticas que nos permitan avanzar en esta línea.
Han pasado casi seis meses desde que
Michelle Bachelet anunció por cadena nacional el inicio de un “proceso
constituyente” que concluiría en una nueva Constitución Política para Chile.
Dicha propuesta consiste en un proceso educativo preparatorio que dará
paso a una serie de diálogos ciudadanos, a fin de entregar a la Presidenta las
“Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución” cuya implementación
corresponderá al Parlamento. Así, en sintonía con el temple de las “reformas”,
la Asamblea Constituyente quedó para los románticos.
Desde la vereda del movimiento
estudiantil y social, la propuesta del gobierno nos obliga a reflexionar en
torno a las posibilidades que se abren (o cierran) con el “proceso
constituyente”, a objeto de mantener nuestro rol dinamizador y el respaldo
ciudadano. Eludir dicha problemática sería nefasto para los estudiantes,
en cuanto actor político articulador de una nueva ciudadanía y, por ende,
parcialmente responsables de ésta.
La relevancia del desafío radica en que
el ciclo de movilizaciones por la educación forjó un nuevo sentido común que
trasladó los límites de lo posible, surgiendo nuevas voluntades de cambios y,
con ello, la necesidad colectiva de recuperar nuestros derechos sociales. Todos
estos cuestionamientos condujeron a la reflexión ciudadana respecto a la
urgencia de cambiar el ordenamiento legal destinado a reducir la participación
democrática, cuya institucionalidad tutela la imposición de una minoría frente
a la mayoría. Pero dicha disputa no es un mero asunto de procedimientos como lo
ha querido hacer ver la Nueva Mayoría con su propuesta constituyente, sino que
esencialmente de contenidos. El conflicto persevera en la dicotomía entre
derechos versus subsidio al mercado y en la democracia participativa versus la
simulación representativa.
Hoy, con la evidencia del perfil
conservador de las reformas, es precisamente la iniciativa desarrollada por el
movimiento estudiantil y social la única puerta de entrada para continuar
forjando la sociedad que aspiramos. El visaje final de la “nueva constitución”
por parte del parlamento –embozado por las redes empresariales- sugiere que el
2016 y el 2017 no será la oportunidad en que las mayorías cambien
sustancialmente los contenidos del orden constitucional, por lo tanto, existe
la responsabilidad histórica de construir un camino en esta dirección.
El movimiento estudiantil tiene el
deber de irrumpir con mayor fuerza en la escena política para posicionar las
diversas temáticas que nos permitan avanzar en esta línea. Somos las y los estudiantes
quienes debemos sentirnos protagonistas de este debate constitucional y no
delegarlo en la política formal. Es importante que desde la Confech exista un
pronunciamiento claro respecto a que una nueva Constitución solo es legítima si
resulta como expresión de la soberanía popular, haciéndose cargo de un Nuevo
Proyecto Educativo en cuanto derecho humano fundamental y no como prestación
estatal subsidiaria. Debe ser la Confech, junto a los actores de la educación,
el actor convocante a discutir en torno a cuál será la columna vertebral de la
nueva Carta Fundamental en materia de educación, y velar por el aseguramiento
de una educación efectivamente gratuita, pública, democrática, no sexista y de
calidad.
El actual momento político de crisis de
representación es el escenario propicio para que las nuevas generaciones
cumplan un rol mucho más activo en torno a los procesos sociales. Como actor
estudiantil debemos mirar el debate constituyente como una posibilidad de,
nuevamente, irrumpir en la opinión pública e instalar de forma efectiva las
demandas trabajadas durante todos estos años, y que pretenden ser
invisibilizadas mediante una reforma educacional fallida e insuficiente.
Que la propuesta de gratuidad
universitaria haya concluido en una glosa presupuestaria destinada a cubrir
exclusivamente el año 2016, examinada por un Tribunal Constitucional que
utiliza el lente pinochetista de las actas de la constitución, es un claro
ejemplo de la falta de garantías democráticas sobre una discusión que les fue expropiada
a las familias chilenas. Así, con la “cocina” funcionando se han desfondado las
expectativas del programa educativo de gobierno que ya tiene a cientos de
estudiantes sin claridades respecto a sus financiamientos.
En definitiva, el gobierno nunca vinculó la reforma a la educación
superior al proceso constituyente, claramente porque, en términos formales,
sólo un cambio constitucional permitiría asegurar cambios legales y detener
todo intento por hacer trajes a la medida. Al respecto, sin duda que la
articulación de las fuerzas y organizaciones sociales debe avanzar hacia la
comprensión del proceso constituyente como una oportunidad de confluencia
política, donde exista una elaboración programática que apunte a transitar
desde un Estado Subsidiario a un Estado garante de derechos sociales y de una
democracia participativa. La invitación es a que los estudiantes sigamos
pateando el empedrado y preparando la siembra que nuestros hijos e hijas
recogerán.
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