En
la época republicana de nuestro país que fuera interrumpida brutalmente por el
Golpe de 1973 era propio observar que las coaliciones políticas en el poder se
afectaban constantemente con la renuncia de ministros de estado y otros altos
funcionarios públicos que entraban en contradicción con el Presidente de la
República. Cuando algunos demócrata cristianos ingresaron por primera vez a un
gabinete ministerial, al poco tiempo se vieron forzados a renunciar para no
hacerse cómplices de la represión social instruida por el mandatario del
Partido Radical. La propia dictadura de Pinochet hizo vanos intentos por
captar colaboradores entre algunas colectividades políticas que prefirieron,
sin embargo, el camino de la disidencia a la posibilidad de hacerse cómplices
de sus despropósitos. Resistiéndose, incluso, a esa siempre tentadora idea de “cambiar las cosas por dentro”, como
algunos creen que es posible.
En todo el tiempo de la posdictadura, por el contrario, es
evidente que el afán de la política ha sido fundamentalmente compartir el poder
con quien sea y a cualquier precio, más que servir a proyectos históricos o
programas de gobierno. Con el gobierno de Patricio Aylwin se consolidó el
denominado “partido transversal”,
integrado por una cúpula política que tomaba las decisiones por encima del
parecer de los partidos que integraban la Concertación. De esta forma es
difícil concebir a un candidato presidencial como Sebastián Piñera que
ofreciera más resistencia al interior de los dos partidos de la derecha, pero
éste logró imponerse de todas maneras como abanderado y llegar a La Moneda,
cuando la UDI y Renovación Nacional se convencieron que era el recurso más
expedito para hacerse del Poder Ejecutivo.
Algo similar ocurre ahora con el convencimiento que muchos tienen
en cuanto a que los ex presidentes Ricardo Lagos y el propio Piñera no hicieron
gobiernos efectivos, ni probaron atributos políticos ni éticos que les merezca
ser reelegidos, pero en la pragmática de los cálculos electorales no son pocos
los que se muestran dispuestos a que regresen al gobierno si eso los conduce a
ellos al poder y a los cargos de confianza o influencia de la administración
pública.
En los tiempos actuales, lo cierto es que hemos contemplado
todo tipo de indignidades en los integrantes de la clase política. Ministros
que fueron expulsados a pocos días de haber sido nombrados sin que siquiera se
animaran a protestar por tales atropellos, en la esperanza siempre de ser
destinados a otros cargos después de soportar el bochorno. Ministros,
subsecretarios y otros altos funcionarios públicos humillados inmisericorde y
hasta groseramente, como ocurriera con dos de los más “estrechos colaboradores” del gabinete de la Presidenta Bachelet.
En esto, se sabe las embajadas, las asesorías y los directorios de las
empresas públicas son un verdadero placebo, como un plácido destino para todos
los personajes que son ninguneados. Así como un buen recurso para que las
colectividades gobernantes acepten tales destituciones sin “chistar” demasiado.
En el extranjero cuesta mucho concebir que un viaje tan
importante como el de la actual Presidenta a La Araucanía, las zona “más caliente” del país, haya pasado
inadvertido por su propio ministro del Interior y que éste se mantenga
indignamente en sus funciones después de tamaño desaire. Pero más increíble nos
parece que, después de tan inmenso agravio, el partido político del jefe del
Gabinete aprecie que este desdén a su más alto militante en el Gobierno pueda
catapultarlo como abanderado presidencial de su colectividad.
Es claro que todo se vale en este tiempo de indignidades.
Recordemos que después de la primera gestión de Michelle Bachelet se pensó que
sería muy difícil que otra mujer pudiera llegar al gobierno en el próximo
tiempo, y ya se ve que ésta recibiera al poco tiempo el entusiasta apoyo hasta
de sus más encarnizados detractores. Varios de los cuales empezaron a retornar
a los más altos cargos públicos una vez que la “patrulla juvenil bacheletista” cayera en desgracia y la Nueva
Mayoría optara por reivindicar su pasado concertacionista. Un fenómeno que
mantiene impertérritos a algunos partidos y movimientos que se incorporaron al
oficialismo en la ilusión de que, con una segunda oportunidad, la señora
Bachelet podría emprender muchas reformas que ahora se hacen agua con el
cambio de hegemonía dentro de su gobierno, y la desazón que prevalece en el
país respecto de la Primera Mandataria.
Los que más creen en las encuestas y toman decisiones en
relación a sus resultados no le hacen asco a permanecer en los altos cargos
públicos y abrigar desafíos electorales luego del descrédito que les señalan
tales sondeos de opinión pública. En efecto, desde fuera de la política, desde
el mismo periodismo, realmente no entendemos cómo los escándalos de Caval, Soquimich,
Penta y otros no han provocado las renuncias de los principales inculpados. Que
existan parlamentarios sobornados por las empresas que todavía se resistan a
dejar sus cargos, así como jefes de partidos, alcaldes y candidatos
embadurnados por el cohecho, la evasión tributaria y otros delitos sin la menor
disposición a retirarse del servicio público. Cuando se sabe del costo que
pagan en las auténticas democracias los que se corrompen y traicionan la
confianza pública. Así como ocurría en el pasado en nuestro país cuando lúcidos
y promisorios dirigentes eran desestimados por sus propios partidos apenas
ofrecían sospecha de estar involucrados en negocios turbios, vicios personales
o relaciones incompatibles con su misión. Probablemente lo más insólito de todo
esto sea la renuencia de la UDI de marginar o sancionar al ex senador Jovino
Novoa luego de ser condenado por sus repugnantes delitos de acción pública.
Se repite que los corruptos son acotados y que ello no tiene por
qué afectar el prestigio de la política en su conjunto. Sin embargo, lo que se
aprecia es que ya estamos en plena crisis institucional y que los tres poderes
del estado y otras importantes reparticiones públicas se encuentran tan
desacreditadas como los propios partidos políticos, las más inescrupulosas
empresas y otras entidades infiltradas por la usura, el ultraje a los
consumidores. Bajo la flagrante protección, por lo demás, de jueces y
medios de información que siguen impunes, también, respecto de sus graves
delitos y complicidades del pasado.
Sin embargo, al no haber una reacción de la propia política y de
sus instituciones frente a tantos malhechores altamente empinados en el poder,
se hace imposible a esta altura separar al “trigo
de la cizaña”, por lo que en tales escándalos, falta de probidad y colusión
tienen sin duda también responsabilidad quienes siguen contemporizando con sus
colegas imputados, aplazando indolentemente la desvinculación de éstos de sus
funciones y colectividades. Como también urdiendo soluciones como los juicios
abreviados, amnistías y otras triquiñuelas legislativas en el intento de dar
vuelta la página y seguir apelando al respaldo ciudadano en los comicios
venideros. Aunque los niveles de abstención hayan superado ya con creces a los
votantes efectivos.
Una indolencia que contribuye a que aquella vocación democrática
de los chilenos siga deteriorándose según lo están indicando solventes estudios
regionales como el de Latinobarómetro, que nos alerta del riesgo, incluso, de
otra brutal ruptura en nuestra convivencia. Porque sabido es que cuando la
indignidad política se hace generalizada solo es posible augurar tempestades
sociales.
Fuente: http://radio.uchile.cl/2016/01/04/la-indignidad-de-la-clase-politica?platform=hootsuite
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